Por: Francisco Licona
A la llamada ‘Trampa 22’ se le conoce como el momento en que se deben tomar decisiones que se encuentran en punto de inflexión, en las que con ninguna de las opciones viables le dan alguna ganancia a quien las toma.
Es el caso de la recientes pifias cometidas por la Auditoría Superior de la Federación al dar a conocer a la opinión pública resultados de la Cuenta Pública Federal del 2019 sin tener facultades, levantaron demasiado polvo político en contra de la 4T, el gobierno federal y gobiernos estatales y funcionarios que manejan recursos públicos federales.
Todo ello, desde luego, muy bien aprovechado mediática y políticamente por la oposición al presente régimen.
Estas pifias -que bien pudieron ser simples errores en la aplicación de metodologías de cálculo, lo que no pocos dudan- también pueden tratarse de un malévolo comunicado con fines aviesos de perjudicar al gobierno que tanto ha presumido su animadversión a la corrupción, o al menos sembrar dudas entre un electorado vacilante.
Los datos ofrecidos oficialmente por la ASF levantaron demasiado polvo en temas álgidos como el alto costo que debe pagar el gobierno federal actual por la cancelación de la obra del Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, lo cual puso en duda la información oficial del Poder Federal.
Otro de los temas calientes dados a conocer en el informe de la ASF fue la variación del precio de los Bonos en Circulación que mientras no los retire el Gobierno de la circulación bursátil, forman parte de bonos de deuda de esta obra, lo que la ASF presupuso como un hecho consumado.
Pero el informe de la ASF embarró políticamente la administración de dependencias federales y estatales, así como los proyectos estratégicos cumbre de la 4T como el Tren Maya, los Programas de Bienestar Social y el Aeropuerto de Santa Lucía, por decir algunos en los que supuestamente se han malversado recursos públicos.
Pero si el petardo causó estragos en la 4T (que difícilmente serán dejados en paz por la oposición), las soluciones con las que se pretendió apagar los cohetones resultaron peores.
Primero, la respuesta inmediata del Presidente Andrés Manuel López Obrador fue inapropiada, pues en lugar de aclarar que el informe de la ASF es apenas el inicio de un proceso de auditoría y que viene apenas un tiempo de ley para solventar las observaciones e incluso decir a los 4 vientos que como en la 4T no se admiten actos de corrupción, habría castigos ejemplares a los funcionarios que hayan cometido abusos en la administración del presupuesto. Pero nunca debió descalificar a la ASF, organismo por cuya información, por ejemplo, la extitular de la Sedesol y la Sedatu Rosario Robles Berlanga se encuentra presa. En lugar de ello, el presidente salió de nuevo con la cantaleta de ‘Yo tengo otros datos’.
Segundo, la ASF jamás debió salir a retractarse de su informe, sino que debió dejar que las dependencias afectadas por los señalamientos solventaran dentro del proceso de ley las observaciones, bien o mal fundamentadas.
Tercero, la ASF se brincó olímpicamente al Congreso, puesto que esa en primera instancia le corresponde conocer, revisar y evaluar a la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados, cuyo presidente es el diputado del Partido Movimiento Ciudadano, Mario Alberto Carrillo.
En fin, el daño se hizo y al parecer la falta de oficio administrativo no les permitió ni al presidente ni a la ASF atemperarlo adecuadamente.
Qué necesidad de hablar y actuar a bote pronto si por ejemplo la Comisión de Vigilancia de la ASF está integrada por 33 diputados: 25 de MORENA, PT, Verde y PES, es decir, una aplastante mayoría legislativa que tiene la facultad de aprobar o rechazar el informe de la ASF dado a conocer a los medios, como ya se ha dicho, por el Auditor Especial de Desempeño Agustín Caso Raphael.
Es un hecho real y conocido que los resultados que oficialmente fueron filtrados a los medios, carecen de vinculación jurídica para señalar presuntas malversaciones o delito alguno, puesto que la emisión del Informe de Resultados es apenas una parte del proceso de auditoría y con ello inicia apenas un proceso de confrontación para el desahogo de lo observado que realiza la ASF, y por ningún motivo en esta etapa se puede suponer que hubo malversaciones de recursos como se afirma mediáticamente.
Y peor fue lo que siguió, puesto que ni la ASF, ni su titular David Colmenares Páramo, ni mucho menos el Auditor Especial de Desempeño Agustín Caso Raphael, tienen la facultad de retractarse de los informes que dieron a conocer a los medios de comunicación, con lo que se enredó más la pita.
El daño político para la 4T está hecho.
Pero ¿Cuál es la solución? La Comisión de Vigilancia de la ASF en San Lázaro, deberá llamar de inmediato al titular para que comparezca y explique sus métodos de cálculo de las observaciones así como la intención de dar a conocer a los medios un informe.
Después, la misma Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados deberá calificar el daño o las faltas administrativas y legales en que incurrieron los funcionarios de la ASF.
Y aquí es donde la 4T, la mayoría de los diputados que componen la Comisión de Vigilancia en su mayoría de MORENA y sus aliados, y la misma presidencia de la República están metidos en la “Trampa 22” pues si hacen renunciar al titular de la ASF David Colmenares Páramo y al Auditor Especial de Desempeño de la ASF, malo… y si los dejan, peor.
Así que AMLO y los diputados en su mayoría de MORENA deberán tomar una decisión legal y poner un ejemplo de seriedad y cumplimiento del postulado de la 4T de ‘cero corrupción’ y ‘nadie por encima de la ley’. Pero hagan lo que hagan, y como lo hagan, la trampa 22 los envolvió y nadie saldrá ganando.